Como consecuencia de la Ley de Economía Sostenible, que es incapaz de mantener cualquier tipo de Economía, se habla ahora de como dar cobertura legal al anuncio dado por Zapatero, cuando los internautas empezaron a quejarse de ese apéndice de la Ley que podría permitir que se cerraran páginas Web por contener vínculos a contenidos supuestamente amparados por propiedad intelectual con un procedimiento administrativo, para simular de que un juez sea el que formalmente cierre la página Web.
Digo dar cobertura, porque de momento lo que quieren aprobar es una nueva Ley que permitiría cerrar las páginas Web que tengan vínculos a contenidos protegidos por derechos de autor en cuatro (sí, 4) días, por orden de la Audiencia Nacional, a propuesta de la Comisión de Propiedad Intelectual. Nadie sabe aún como va a funcionar dicha Comisión, pero que duda cabe que serán amigos de la ceja, quienes quieran velar por la Comisión de Propiedad Intelectual.
Como en España todo termina en pataletas, porque no tienes otra forma de protestar, y con mucho cachondeíto, se conoce a esta propuesta como “La ley de la patada en las Webs” -en referencia a la «Ley de la Patada en la puerta» que aprobó Felipe González, con la Ley de Seguridad Ciudadana que permitía a las fuerzas de seguridad entrar a las casas sin mandato judicial (lo que fue finalmente declarado inconstitucional). Los internautas, se preparan a dar la batalla de distintas formas. La Asociación de Internautas, ya han celebrado una reunión en Madrid para analizar el caso y han decidido plantar cara al gobierno. La batalla está garantizada. No es sólo por la Asociación de Internautas, todas aquellas personas e instituciones que de forma particular no estén de acuerdo, incluirán sus opiniones en distintos foros, y seguro que se hará campaña también por Facebook y Twitter.
Al ir estos casos a la Audiencia Nacional, el nombre de su juez estrella llega a la mente de todos: Baltazar Garzón, podría ser el abanderado de las causas del cierre de las Webs. Si a eso le unimos a Teddy Bautista, por parte de la SGAE, y al fiscal Conde-Pumpido, vamos a tener un modelo de censura en Internet que ya quisiera para si China. El juez estrella de la Audiencia Nacional, podría empezar con la Web de una gran multinacional ya condenada por la Unión Europea por ser una empresa con prácticas monopolistas -Microsoft- y con el buscador más utilizado en Internet -Google- por la gran cantidad de vínculos que tienen indexados en sus buscadores de películas y canciones protegidos por el derecho de propiedad intelectual. Con esto, su nombre volvería a la primera plana de todos los periódicos del mundo, como ocurrió cuando intentó procesar a Pinochet. Quizá sea lo que necesita el juez estrella de la Audiencia Nacional para reparar su imagen, que está ahora un poco dañada por unos cobros al irse a Nueva York, o por tener detenido, entre la gran cantidad de casos, el chivatazo a ETA, entre otras cosas. Quizá no tenga tiempo para investigar el chivatazo, pero en 4 días podría empezar a dictar autos para que se bloquee el acceso a cientos de páginas Web.
Dentro del buenismo político que impera en España, nos quieren hacer creer que va a ser un juez el que juzgue si se está violando el derecho de propiedad intelectual. Pero no nos dejemos engañar: Será la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, atenta a sus propios intereses quien decida si hay o no infracción. Una vez que, conforme a criterios interesados y no legales, la Comisión señala una web, sí se dirigirá a un juez pero ya se habrá presupuesto que existe delito. La Comisión solo le preguntará al magistrado si quitar el contenido de la página afecta al derecho de la libertad de expresión o de información del dueño de la página; en ningún caso le cuestionará si el usuario realmente ha violado la propiedad intelectual.
Como suele ocurrir en España siempre que se legisla para proteger a los amigos de la ceja, la presunción de inocencia no existe. Ya pagamos un canon preventivo por si alguien quiere almacenar para uso privado contenidos protegidos por la propiedad intelectual. Ahora también nos podrán cerrar preventivamente las Webs que quieran. Estos procesos se sustentan sobre el latinajo solvere et repete: recure si quieres, pero primero paga o avala porque el recurso no para la ejecución. Y salvo que seas Google o Microsoft, el recurrir te va a consumir gran cantidad de tiempo y recursos que normalmente los que tienen páginas Web no se pueden permitir. Porque los procedimientos administrativos son caros y costosos.
Además, aunque en este tema hay derechos fundamentales, no quieren hacer una Ley Orgánica, que sería lo que corresponde, sino una Ley ordinaria. Para tener que evitar todo lo que conlleva hacer una Ley Orgánica, aunque nos dejen con el culo al aire. Considerar la propiedad intelectual como un derecho fundamental, equiparándolo con la libertad de expresión, instaura un precedente peligrosísimo.
Hay que tener en cuenta que, actualmente, los colectivos de artistas ya tenían causes para pedir legalmente la protección de sus derechos. El procedimiento existente hasta ahora funcionaba perfectamente en nuestro país: los derechos de propiedad intelectual estaban suficientemente protegidos. ¿Cúal es el problema? Las resoluciones de los jueces no gustaban a los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual, por lo cual quieren un sistema que les beneficie, no uno que sea justo.
Lo peor de todo, es que nos quieren hacer creer que montan todo este tinglado legal para cerrar 100 Webs (sí, sólo 100 según ellos). Y nos dejan con la paradoja de que los derechos de propiedad intelectual supuestamente violados serán automáticamente tutelado por la administración, mientras que nuestros derechos humanos fundamentales (es decir, los derechos de libertad de expresión, etc.), amparados por la Constitución española, correrán bajo nuestra cuenta y riesgo.