Debido a la presión que hay para reducir el déficit de manera considerable, muchos están viendo que una opción es empezar a cobrar por la Sanidad Española e introducir el famoso “copago”. Porque las Comunidades Autónomas están llevando a la quiebra a la sanidad pública española y hay desesperación para que no se hagan públicas las amenazas de muchos laboratorios de dejar de vender sus medicamentos a la sanidad pública por que los pagos superan los 500 días. Acumulada una deuda que se calcula en casi 20 mil millones de euros, la sanidad española está asfixiada y están buscando soluciones creativas para meter mano a nuestro dinero y mantener la orgía de gasto en las comunidades y a la vez poder pagar los costes sanitarios. Equilibrio que de momento parece francamente dificil.

Al copago como tal no lo considero malo. Un servicio sin precio de venta, como la sanidad española que financiamos todos con nuestros impuestos, tiende a tener una demanda infinita con la consiguientes listas de espera y demanda abusiva de los servicios sanitarios. Y entonces el copago, al fijar un nivel de precio de referencia (asi sea mínimo) va  a hacer que se racionalice el uso de los servicios sanitarios. El resultado debería ser un mejor uso de los recursos lo que permite que el conjunto del sistema obtenga mejores resultados. Hasta aquí bien.

Hay otro aspecto, que no se ha tomado en consideración y es la aplicación de multas en caso de no ir a las citas que uno voluntariamente ha pedido. Por ejemplo en Suecia, el paraíso socialdemócrata, el no anular una cita médica con la debida antelación, te cuesta una multa de unos 32 euros. Así se evitarían las miles de citas “por si acaso” que saturan el sistema sanitario y que evita que se pueda atender correctamente a las personas que realmente lo necesitan.

Pero en España el socialismo ha logrado imponer ciertas ideas al ideario nacional que son una verdadera tontería. Si resulta que el copago se introduce por niveles de renta, dejando fuera de él a las personas de menos ingresos, entre ellos los inmigrantes, que son, junto con los mayores, quienes más demandan los servicios sanitarios, entonces el copago se desnaturaliza y pasa a ser simplemente un nuevo impuesto para financiar la Sanidad. Y yo a eso me opongo rotundamente.

Las comunidades autónomas gestionan mucho dinero, aproximadamente la mitad del gasto público de nuestro país. Si no tienen bastante para financiar la  sanidad, lo que deberían hacer entonces es renunciar a otras partidas de gasto. En Cataluña, por ejemplo, se ha impuesto el copago mientras se mantienen abiertas las embajadas catalanas en el exterior, lo cual no tiene sentido. En otras regiones se puede prescindir de las políticas que impliquen duplicidad con el Estado y destinar esos recursos a financiar la sanidad.

Pero claro, como aquí en España todas las administraciones quieren seguir viviendo de la sopa boba, al final la mejor idea que tienen para mantener al sobredimensionado estado es sangrarnos más.

Los sindicalistas dicen que apoyan la sanidad gratuita, universal, etc. etc., pero luego resulta que todos se meten al Mufase en cuanto pueden. Lo que significa que nuestros sindicalistas prefieren, en caso de ponerse malitos, que los atienda la sanidad privada y no la pública. Ya saben, porque hay que hacer colas y demoran en atendernos y, evidentemente, nuestros amigos sindicalistas y empleados públicos tienen muchas cosas que hacer para perder su tiempo como todos en la sanidad privada.

Y se olvidan nuestros queridos políticos, que todo aquel que puede ya paga un copago sanitario. Se llama Seguro Privado de Salud. Sanitas, Adeslas, Asisa, todas estas empresas están creciendo muchísimo en España y evitando una mayor demanda de la sanidad pública. Si se va a implantar un copago, entonces que nos descuenten de nuestos impuestos los pagos que hacemos a este tipo de seguros.

Si las autonomías no pueden con el gasto sanitario que hagan lo que tienen que hacer: devolverle la competencia al Estado. Pero claro, no quieren perder el dinerito para la sopa boba. Y asi nos va a todos. Mientras escribo esto, las 17 sanidades públicas españolas buscan desesperadamente nuevos recursos con los que honrar sus deudas para que les sirvan dando el material médico y quirúrgico que necesitan para atendernos.